“Se está regularizando a delincuentes con más de cien antecedentes policiales”
Lo que van a leer no es una opinión, es una denuncia directa formulada por un inspector de Policía en activo, con años de experiencia operativa y conocimiento interno del sistema. Alfredo Perdiguero lo dice sin rodeos: España está regularizando a delincuentes reincidentes, algunos con más de cien antecedentes policiales, y lo está haciendo a plena luz del día.
Esto no es un fallo puntual. Es un problema estructural que tiene consecuencias directas en la seguridad ciudadana, en las calles y en los barrios donde viven millones de españoles.
Qué está ocurriendo realmente
Según explica Perdiguero en el programa, la regularización masiva que se está impulsando permite que personas con larguísimos historiales policiales puedan acceder a documentación legal porque no tienen condenas firmes.
El matiz es clave y demoledor:
Antecedentes policiales no equivalen a antecedentes penales.
Y ese vacío legal se está utilizando para blanquear situaciones que jamás deberían regularizarse.
Delincuentes reincidentes, pero “legales”
El inspector lo expone con datos concretos. Hay casos documentados de personas con decenas y hasta más de cien detenciones que, al no existir sentencia firme, entran en los procesos de regularización.
No hablamos de errores administrativos.
Hablamos de delincuencia habitual, conocida por las fuerzas de seguridad, que vuelve a la calle con papeles.
El efecto directo en la seguridad
Perdiguero lo enlaza con un dato incontestable de Eurostat:
En 2012, España era uno de los países más seguros de Europa.
En el último informe histórico, somos el quinto país más inseguro del continente.
A esto se suma que en algunas comunidades autónomas, más del 60 % de los detenidos son extranjeros, según cifras oficiales citadas en el programa.
La conclusión es incómoda, pero inevitable: algo está fallando.
El problema de fondo
El inspector lo resume de forma clara:
No se está aplicando con rigor la Ley de Extranjería ni el Código Penal.
Existen mecanismos legales para expulsar a delincuentes condenados, incluso con penas inferiores a cinco años. Pero no se usan.
Y cuando no se usan, el sistema se convierte en un coladero.
Esto no lo denuncia un partido político.
No lo denuncia un medio extranjero.
Lo denuncia un policía que ve el problema desde dentro.
Y cuando un profesional de este nivel levanta la voz, lo mínimo es escuchar.
Regularizar sin control no es integración.
Es irresponsabilidad institucional.
Y mirar hacia otro lado mientras se acumulan los antecedentes, tampoco es progresismo.
Es poner en riesgo a la población.
Los datos están ahí.
Las advertencias también.
Luego no digan que nadie avisó.
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