Un ciudadano denuncia a Pedro Sánchez y Conde-Pumpido por incumplir la Constitución durante tres años

Hay momentos en los que un país descubre hasta qué punto sus instituciones siguen funcionando. Y otros en los que descubre exactamente lo contrario.

España lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado nuevos. Tres años prorrogando cuentas anteriores mientras el Gobierno actúa como si no estuviera vulnerando una obligación constitucional básica.

Y mientras la oposición grita, la prensa convencional mira hacia otro lado y las instituciones guardan silencio, un ciudadano decidió hacer algo que hoy parece revolucionario simplemente porque casi nadie lo hace: acudir a una comisaría y denunciarlo.

Se llama Mariano Crevillén. Vive en Toledo desde hace décadas. Y hace unos días presentó una denuncia contra Pedro Sánchez y contra Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, por el incumplimiento reiterado del artículo 134 de la Constitución.

Un artículo clarísimo.

El Gobierno tiene obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de finalizar el año anterior. Como muy tarde, el 30 de septiembre.

No es una recomendación.
No es una sugerencia.
No es interpretable.

Es una obligación constitucional.

Y sin embargo, aquí no pasa nada.

Eso es precisamente lo que llevó a este ciudadano a actuar. No por protagonismo. No por política profesional. Simplemente porque considera que si un ciudadano debe cumplir la ley, quienes gobiernan deberían ser los primeros en hacerlo.

Lo más revelador no es solo la denuncia.

Lo más revelador es la reacción.

Según explicó el propio Crevillén, en la comisaría le preguntaron prácticamente qué artículo penal podían aplicar, porque el sistema ni siquiera contempla de forma clara cómo actuar cuando quienes incumplen la Constitución son precisamente quienes deberían defenderla.

Ahí está el verdadero agujero.

Porque el problema no es únicamente político. Es estructural.

Durante años se nos ha repetido que España es un Estado de derecho sólido. Pero cuando el Gobierno incumple obligaciones constitucionales básicas y no existe ningún mecanismo efectivo para exigir responsabilidades reales, la pregunta es inevitable:

¿Quién controla al poder cuando el poder decide ignorar las reglas?

Crevillén lo resumió con una frase demoledora durante la entrevista:

“El hombre público debe ser un espejo para la sociedad.”

Y añadió otra todavía más contundente cuando se le preguntó si compraría un coche usado al presidente del Gobierno:

“Pues ya no hay más preguntas.”

Más allá de la anécdota, la cuestión de fondo es seria.

Porque lo preocupante no es solo que no haya presupuestos. Lo preocupante es la normalización absoluta del incumplimiento institucional.

Todo se convierte en rutina.

Se anuncia que habrá presupuestos.
No llegan.
Se prorrogan los anteriores.
Se repite el ciclo.
Y el sistema sigue funcionando como si nada.

Mientras tanto, miles de proyectos, inversiones, ayudas y planificaciones públicas quedan congeladas o condicionadas por decisiones políticas tomadas al margen de la obligación constitucional.

Y quizá ahí reside el verdadero motivo por el que esta historia ha conectado con tanta gente.

Porque un ciudadano anónimo ha recordado algo que gran parte del país parece haber olvidado:

La democracia no se sostiene sola.

Si los ciudadanos dejan de exigir el cumplimiento de las normas, las instituciones acaban convirtiéndose en estructuras vacías donde la ley solo se aplica a quienes no tienen poder.

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