«El Rey tiene que plantarse en Ceuta y dirigir a las fuerzas Armadas»
La intervención de Eduardo García Serrano en Castillón Confidencial dejó una idea de fondo que va mucho más allá de Ceuta. Lo que está ocurriendo en la frontera no sería, según su interpretación, un episodio aislado de presión migratoria, sino la consecuencia de una debilidad política e institucional que España arrastra desde hace décadas.
García Serrano sitúa el origen de esa debilidad en 1975, con la Marcha Verde y la salida española del Sáhara. Su tesis es que Marruecos entendió entonces que podía presionar a España cuando detectara división interna, falta de liderazgo o miedo a asumir costes políticos. Desde ese momento, sostiene, Rabat habría ido avanzando paso a paso en sus reivindicaciones y en su capacidad de influencia sobre nuestro país.
La lectura es dura, pero plantea una pregunta pertinente: ¿tiene España una estrategia estable frente a Marruecos? No una estrategia de un Gobierno concreto, sino una política de Estado capaz de sobrevivir a los cambios de legislatura. Porque la relación con Marruecos afecta a inmigración, seguridad, terrorismo, comercio, agricultura, pesca, energía y cuestiones territoriales de enorme sensibilidad.
Durante la entrevista, García Serrano va más lejos y señala que el principal problema no estaría siquiera en Marruecos, sino dentro de España. Habla de políticos, empresarios, financieros y grandes intereses económicos vinculados al país vecino, y sostiene que esas relaciones podrían condicionar determinadas decisiones de la política española.
Es una acusación que requeriría pruebas concretas antes de presentarse como un hecho. Pero también abre una línea de investigación perfectamente legítima: saber qué antiguos dirigentes mantienen vínculos con Marruecos, qué empresas españolas dependen de negocios allí, qué sectores económicos tienen intereses estratégicos en el país y hasta qué punto esos intereses pueden influir en las decisiones de Madrid.
El problema, por tanto, no sería únicamente qué quiere Marruecos, sino qué está dispuesto a defender España. Esa es una diferencia importante. Todos los países protegen sus intereses y utilizan las herramientas que tienen a su alcance. La cuestión es si España hace lo mismo con la misma claridad.
La crítica de García Serrano también alcanza al Estado autonómico. Considera que las grandes crisis de los últimos años han demostrado una incapacidad estructural para reaccionar de forma coordinada. Inundaciones, incendios, volcanes, apagones o crisis fronterizas terminan generando, según su análisis, la misma imagen: administraciones discutiendo sobre competencias mientras los ciudadanos esperan respuestas.
De ahí surge la expresión “solo el pueblo salva al pueblo”, que García Serrano utiliza como símbolo de algo más profundo. Una sociedad civil capaz de organizarse y ayudarse es una fortaleza. Pero cuando esa frase empieza a utilizarse porque una parte de la población considera que las instituciones no funcionan, entonces deja de ser solo solidaridad y se convierte en un síntoma de desconfianza.
Ese deterioro de la confianza es probablemente el elemento más relevante de toda la conversación. Una democracia no vive únicamente de leyes y organismos. También necesita que los ciudadanos crean que las instituciones cumplen su función, que las decisiones tienen lógica y que existen mecanismos reales para exigir responsabilidades.
Cuando esa confianza desaparece, cualquier problema adquiere una dimensión mayor. Una crisis migratoria se convierte en una crisis de soberanía. Una sentencia se interpreta como una decisión política. Una negociación diplomática se percibe como una cesión. Y cada actuación del Estado empieza a mirarse desde la sospecha.
García Serrano utiliza el 2 de mayo de 1808 como referencia histórica. Recuerda a Daoíz y Velarde y los presenta como ejemplo de una reacción ante unas élites que, en su opinión, habían abandonado a España. Es una comparación deliberadamente provocadora y forma parte del tono habitual de su intervención.
La comparación histórica, sin embargo, no debe trasladarse literalmente al presente. España es hoy una democracia y cualquier reacción frente al Gobierno o frente a una determinada política debe canalizarse mediante elecciones, tribunales, manifestaciones, asociaciones civiles, periodismo y control parlamentario.
El verdadero problema empieza cuando una parte creciente de la población considera que esos mecanismos ya no sirven. Cuando cree que los partidos controlan las instituciones, que los órganos de supervisión responden a intereses políticos o que las élites se protegen entre sí.
La entrevista entra también en el papel de la Corona y de las Fuerzas Armadas. García Serrano reprocha una actitud demasiado pasiva ante lo ocurrido en Ceuta y considera que la respuesta debería haber sido mucho más firme.
Aquí conviene hacer una distinción básica. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil y no pueden actuar como un poder político independiente. Otra cuestión distinta es analizar si el Gobierno utilizó correctamente los recursos disponibles para proteger la frontera, defender la soberanía y evitar que Marruecos convierta la presión migratoria en una herramienta política.
La parte final de la conversación se centra en el Tribunal Constitucional y en la relación entre los grandes partidos y las instituciones del Estado. García Serrano acusa a PSOE y PP de haberse repartido durante años organismos esenciales y sostiene que ese modelo ha deteriorado la credibilidad de todo el sistema.
Más allá de la contundencia de sus palabras, el problema de fondo existe: cuando los ciudadanos perciben que las instituciones dependen de cuotas partidistas, su legitimidad empieza a erosionarse. Y esa erosión tiene consecuencias mucho más profundas que cualquier sentencia concreta.
Por eso el debate sobre Ceuta no debería quedarse únicamente en Marruecos. Marruecos defenderá sus intereses. Esa es su obligación como Estado. Lo que España debe preguntarse es si está defendiendo los suyos con la misma determinación.
Una política seria debería establecer líneas claras en materia de fronteras, defensa, inmigración, energía, agricultura, industria y relaciones exteriores. Esas líneas deberían mantenerse con independencia del Gobierno de turno.
Si cada crisis se convierte en una guerra entre administraciones, si cada decisión estratégica cambia con cada legislatura y si una parte creciente de la sociedad siente que las instituciones han dejado de representarla, entonces el problema ya no estará únicamente en Ceuta.
Estará en España.
Y esa es precisamente la advertencia que deja la entrevista de Eduardo García Serrano.
💬 Tu opinión cuenta: participa en los comentarios
