La polémica transferencia de 10 millones de euros del Ayuntamiento de Blanes a Andorra

Ilustración conceptual de un maletín de dinero público con el escudo del Ayuntamiento de Blanes cruzando una frontera hacia Andorra, con siluetas de edificios bancarios al fondo.
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Desde hace meses, he venido siguiendo una operación que, cuanto menos, resulta inquietante. El Ayuntamiento de Blanes ha cogido 10 millones de euros de dinero público y los ha depositado en una cuenta en Andorra. ¿El motivo? Supuestamente, para generar mayores beneficios. Una explicación que, a mi juicio, no resiste el menor análisis.

Gerard Ortega, candidato a la alcaldía de Blanes, ha aportado luz sobre este oscuro movimiento. Según Ortega, estos 10 millones de euros siguen en Andorra. Lo más llamativo es que, tras nuestra anterior entrevista, han surgido rumores sobre la venta de una casa vinculada a la hipoteca que se habría pedido para esta operación. La persona señalada es Jordi Calvet, quien fue concejal de Hacienda en Blanes por el PSC y, además, trabaja en el banco andorrano ANDB, precisamente la entidad donde se ingresó el dinero.

Calvet, quien dimitió en agosto de 2025 (sí, aunque parezca una fecha futura, son los datos que nos llegan), era una figura con gran influencia en el Ayuntamiento de Blanes, incluso, según Ortega, con más peso que el propio alcalde. El traspaso de los 10 millones de euros de las arcas municipales al banco ANDB en Andorra se produjo en noviembre. La pregunta es evidente: ¿Se aprovechó este señor de su posición en el Ayuntamiento para luego actuar como intermediario en esta operación y salir ganando?

¿Legalidad o beneficio privado?

La situación es escandalosa. El alcalde de Blanes ha defendido que la operación es «todo legal», argumentando que se presentaron diversas propuestas de diferentes bancos y que ANDB ofreció las «mejores condiciones». Una «casualidad», como bien apunta Ortega, que un exconcejal del partido gobernante y empleado del banco receptor sea el nexo.

Nuestro colaborador Carlos Marcos ha sido contundente al analizar la supuesta legalidad de este movimiento. Me pregunto, y él también lo hace: ¿Es normal que dinero público español se meta en una cuenta de Andorra para generar beneficios? Marcos lo duda seriamente, pues cualquier ciudadano que traslade su dinero a Andorra sin declararlo comete fuga de capitales. Pero en el caso de dinero público, la situación es aún más grave: «Es que no es legal. Es que no es legal», sentenció Marcos, destacando que no se puede usar para una actividad privada que procure beneficios a un particular. La Agencia Tributaria y algún juzgado de guardia deberían abrir una investigación de oficio, porque esto no es solo irrazonable, sino «ilegal».

No tengo constancia de que exista un caso judicial abierto por este asunto, lo cual es el colmo de los colmos, teniendo en cuenta que el alcalde insiste en su legalidad. Parece que, en este país, algunos siguen la senda de casos como el de Jordi Pujol, pero ahora, ni siquiera se esconden. Lo cuentan y lo explican, como si fuera lo más normal del mundo. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando las consecuencias de estas decisiones.

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