El 23-J se cometió fraude electoral, la cloaca ahora investigada la puso en marcha

Hay momentos en los que una democracia tiene la obligación de hacerse preguntas incómodas.

Y creo que hemos llegado a uno de ellos.

Durante meses se nos dijo que cualquier duda sobre las elecciones generales del 23 de julio de 2023 era poco menos que una teoría conspirativa. Se nos pidió aceptar unos resultados sorprendentes y seguir adelante. Sin preguntas. Sin debate. Sin investigación.

Pero hoy sabemos cosas que entonces desconocíamos.

Sabemos que el juez Pedraz investiga una estructura organizada de presuntas cloacas políticas vinculadas al entorno del PSOE. Sabemos que aparecen nombres que llevaban años ocupando puestos estratégicos. Sabemos que algunas de las personas que hoy están bajo sospecha tuvieron responsabilidades directas en organismos clave durante el proceso electoral.

Y eso obliga a mirar hacia atrás.

Pedro Sánchez convocó aquellas elecciones en pleno verano. Nunca antes unas generales se habían celebrado tan cerca de agosto. Más de dos millones y medio de personas solicitaron votar por correo.

Sin embargo, alrededor de medio millón de ciudadanos no llegó a ejercer ese derecho.

Algunos no recibieron la documentación a tiempo. Otros encontraron oficinas cerradas cuando se les había prometido que abrirían. Otros simplemente no pudieron completar el proceso.

Lo preocupante es que muchas de esas incidencias se concentraron precisamente en zonas donde el voto tradicionalmente era favorable al Partido Popular o a Vox.

Mientras tanto, el PSOE logró un resultado que muy pocos esperaban.

Venía de sufrir una dura derrota en las elecciones autonómicas y municipales celebradas apenas dos meses antes. Sin embargo, en las generales recuperó una cantidad de votos suficiente para mantenerse en el poder.

La pregunta es inevitable:

¿Qué ocurrió exactamente entre mayo y julio de 2023?

No hablo de rumores.

Hablo de hechos conocidos.

Dos meses antes de las elecciones, la Guardia Civil ya había detectado irregularidades relacionadas con el voto por correo en distintos puntos de España, entre ellos Melilla, Mojácar, Murcia, Ciudad Real o Tenerife.

Por tanto, el fraude electoral vinculado al voto por correo no era una hipótesis imposible.

Ya había sido detectado.

Ya existían antecedentes.

Y aun así, nadie impulsó una revisión profunda del sistema antes de unas elecciones decisivas.

Hoy conocemos además el papel desempeñado por personas que ocupaban posiciones estratégicas dentro de Correos.

Sabemos que Leire Díez fue situada como directora de Relaciones Institucionales de la compañía.

Sabemos que participó activamente en la estructura organizativa de Correos.

Sabemos que dirigía una red de miles de oficinas y miles de trabajadores.

Y sabemos también que su nombre aparece ahora vinculado a la investigación sobre las denominadas cloacas socialistas.

Todo ello obliga a plantear una cuestión elemental en cualquier democracia madura:

¿Se investigó adecuadamente el proceso electoral del 23 de julio?

Mi respuesta es no.

No se investigó.

Ni el Gobierno mostró interés en hacerlo.

Ni la oposición insistió con la firmeza necesaria.

Ni los grandes medios quisieron abrir ese debate.

Se dio por cerrado antes incluso de formular las preguntas.

Y las preguntas siguen ahí.

¿Cómo pudo cambiar tan bruscamente el comportamiento electoral del país en apenas dos meses?

¿Por qué se produjeron tantas incidencias en el voto por correo?

¿Por qué aparecieron irregularidades previas en distintos territorios?

¿Por qué determinadas personas ocuparon posiciones clave dentro del sistema postal precisamente en ese momento?

No estoy afirmando que exista una prueba definitiva de fraude electoral.

Lo que afirmo es algo mucho más sencillo.

Existen suficientes indicios para investigar.

Y cuando una democracia renuncia a investigar aquello que genera dudas razonables, deja de proteger la confianza de los ciudadanos.

Hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos en julio de 2023.

Y precisamente por eso, creo que ha llegado el momento de abrir una investigación independiente, rigurosa y completa sobre aquellas elecciones.

Porque si todo fue correcto, la investigación lo demostrará.

Pero si no lo fue, España tiene derecho a saberlo.

Y cuanto más tiempo pase, más difícil será descubrir la verdad.

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