La opacidad de Sánchez sobre los regalos institucionales: ¿dónde están las joyas de Begoña Gómez?
El debate sobre la opacidad en torno a los regalos institucionales en España es, cuanto menos, peliagudo. Nos encontramos ante una situación en la que la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez lleva 8 años en Moncloa sin que se haya dignado a informar sobre los obsequios recibidos en el ejercicio de su cargo. La excusa, ya conocida, es que lo hará al final del mandato. Una respuesta que no solo es insatisfactoria, sino que levanta serias dudas sobre la custodia y el destino de bienes que, por su naturaleza, deberían pertenecer a todos los españoles.
Regalos institucionales: ¿Patrimonio personal o nacional?
La práctica de declarar los regalos al final del mandato no es nueva; ya fue la tónica durante las etapas de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la cuestión fundamental no es cuándo se declaran, sino dónde están y bajo qué custodia permanecen durante todo el periodo. ¿Qué sucede con un regalo de alto valor, como unas joyas, si se recibe al principio de la legislatura? ¿Quién garantiza que, pasados los años, no se hayan «vendido» o, peor aún, que no se hayan extraviado sin dejar rastro? Es una pregunta que cobra especial relevancia en un país donde la confianza en ciertas instituciones está, lamentablemente, bajo mínimos.
En otros países, la norma es clara. Hemos visto cómo el Primer Ministro británico, Stammer, y el belga rechazaron directamente un regalo en Turquía. Otros mandatarios, al recibir un obsequio, inmediatamente lo entregan a la policía correspondiente. Aquí, en España, la situación dista mucho de esa ejemplaridad. Los regalos se reciben en función del cargo, no de la persona. Por lo tanto, no son propiedad del presidente de turno, sino que inmediatamente deberían pasar por ley a Patrimonio Nacional.
La sombra de Begoña Gómez y las joyas africanas
Pero la opacidad no solo afecta a los regalos recibidos directamente por el presidente. La polémica se extiende a su entorno más cercano. Recordemos que Begoña Gómez viajaba por países africanos con el auspicio del Instituto de Empresa Africa Center. ¿Y qué encontramos en esos países? Que son donde se fabrican las esmeraldas, los rubíes. La pregunta es inevitable: ¿quién nos dice que no le regalaron joyas que ahora podrían estar en una caja fuerte, bien sea en Moncloa o fuera de ella, sin ninguna supervisión o declaración pública? Es una incógnita que, en el actual clima de falta de transparencia, nos obliga a sospechar, porque no hay justificación alguna para tanto secretismo.
El caso de la pistola de Erdogan y los sótanos de Ferraz
La polémica sobre los regalos institucionales se ha agudizado con el revólver Gumusai 357 Magnum que el presidente turco Erdogan regaló a Pedro Sánchez. Más allá de la legalidad de introducir un arma en España y la necesidad de legalizarla inmediatamente por la Guardia Civil —incluyendo una prueba psicotécnica que, sinceramente, dudo que Sánchez pudiera superar—, el incidente pone de manifiesto la laxitud de nuestros protocolos.
La preocupación se intensifica al recordar la inquietante declaración de Koldo García, quien afirmó en una entrevista que encontraron armas cortas y largas sin destruir en los sótanos de Ferraz. Una afirmación que, según nuestro amigo el periodista Leopoldo Bernabéu, que entrevistó a Koldo, es verídica: esas armas nunca se destruyeron. Si en la sede de un partido político se pueden acumular armas descontroladas, ¿qué garantías tenemos sobre el paradero de otros regalos de alto valor?
El despliegue aéreo a Turquía: un derroche ostentoso
La cumbre de la OTAN en Turquía nos dejó otra muestra de lo que parece ser una mentalidad «bananera» de nuestros dirigentes. El viaje de Sánchez, Álvarez y Robles requirió tres aviones militares: dos Falcon y un inmenso Airbus con capacidad para 80 personas, utilizado solo para Sánchez. La justificación de un Falcon de repuesto para evitar posibles averías es, simplemente, una excusa para un despliegue tan terrible, tan ostentoso, tan grosero. Solo el despegue de un Falcon cuesta 30.000 euros, un derroche inaceptable.
¿Qué recogió ese Airbus vacío que pesaba tanto? Es una pregunta que debemos hacernos, especialmente cuando recordamos el acuerdo histórico de 3.120 millones de euros comprando 30 aviones de entrenamiento sellado entre España y Turquía. No podemos asegurar que fuera a recoger una comisión, pero tal y como está el panorama en España, tenemos la obligación de sospecharlo. Esta ostentación grosera es una chulería que demuestra que nos importan un bledo y que van a viajar como marajás, no como servidores públicos. Es una falta de consideración hacia los ciudadanos que no debe ser tolerada y que debería estar prohibida por ley.
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