Regularización masiva de inmigrantes: la batalla judicial que puede frenar el plan del Gobierno

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Mañana puede ocurrir algo muy importante en España. Mucho más importante de lo que algunos medios están contando.

El Tribunal Supremo estudia las medidas cautelares solicitadas para paralizar parcialmente la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y no hablamos de un recurso aislado.

Ya son varias organizaciones, asociaciones y partidos los que han acudido a la Justicia alertando de algo muy serio: que el Ejecutivo podría estar utilizando un reglamento para modificar cuestiones que deberían pasar obligatoriamente por el Parlamento.

Entre los primeros en acudir a los tribunales estuvo Hazte Oír. Hablé con su secretario general y letrado, Javier Pérez Roldán, que explicó con claridad cuál es el núcleo del problema.

Según sostiene, el Gobierno ha abierto un proceso por el cual miles de inmigrantes en situación irregular obtienen autorización para residir y trabajar simplemente desde el momento en que presentan determinada documentación.

Y aquí aparece la clave jurídica.

Porque aunque posteriormente la Justicia tumbara el reglamento, muchas de esas situaciones podrían quedar ya consolidadas de facto.

Es decir, el efecto sería prácticamente irreversible.

Pero el debate no es solo migratorio.

El debate es institucional.

Pérez Roldán sostiene que el Ejecutivo podría haberse saltado deliberadamente el procedimiento legislativo ordinario utilizando una vía reglamentaria para modificar materias reservadas a ley orgánica.

Traducido: gobernar sin pasar realmente por el control parlamentario.

Y eso tiene enormes implicaciones.

Porque el asunto ya no sería únicamente cuántos inmigrantes pueden regularizarse, sino si el Gobierno puede alterar cuestiones estructurales del Estado de derecho mediante decretos y reglamentos sin el debate político correspondiente.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre las cifras reales sigue creciendo.

Porque nadie parece saber exactamente cuántas personas podrían acogerse al proceso.

Hay estimaciones que hablan de cientos de miles.

Otras elevan la cifra todavía más.

Y eso está generando preocupación incluso entre ciudadanos que tradicionalmente no participaban en este tipo de debates.

Durante el programa también apareció otro elemento que refleja hasta qué punto el tema migratorio se está mezclando con intereses electorales y tensiones culturales en Europa.

La polémica declaración atribuida a Emmanuel Macron sobre la oficialización del árabe como segunda lengua en Francia provocó una fuerte reacción entre los colaboradores del programa.

Más allá de la veracidad exacta de algunas afirmaciones difundidas en redes, lo relevante es el clima político que se está generando en varios países europeos: una sensación creciente de pérdida de identidad, inseguridad institucional y utilización electoral de los flujos migratorios.

Ese malestar social existe.

Y negarlo no hará que desaparezca.

También se abordó un detalle llamativo relacionado con las elecciones andaluzas: sobres de voto por correo de Vox con un tono diferente al habitual que permitiría identificar visualmente el sentido del voto.

El abogado Javier Pérez Roldán explicó que, de confirmarse, podría plantear problemas legales relacionados con el carácter secreto del sufragio.

Porque el voto debe ser reservado desde el primer momento.

Y cualquier elemento que permita identificar la opción elegida rompe ese principio básico.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno sigue avanzando en medidas extremadamente sensibles sin apenas debate público real y con una polarización política cada vez mayor.

Y quizá esa sea la cuestión más preocupante.

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